La legalización de viviendas y construcciones es un tema crucial en el ámbito urbanístico. Al permitir la regularización de edificaciones que se encontraban en situación de irregularidad, se fomenta la seguridad jurídica y se protegen los derechos de los propietarios. Además, la legalización contribuye al desarrollo sostenible de las ciudades al impulsar la planificación urbanística adecuada, mejorando la calidad de vida de los habitantes y evitando la proliferación de asentamientos informales.

La legalización de viviendas y construcciones también tiene un impacto económico significativo. Al regularizar las edificaciones, se promueve la generación de empleo en el sector de la construcción y se impulsan inversiones en infraestructuras. Además, la legalización permite la incorporación de estas propiedades al mercado formal, lo que aumenta su valor y facilita el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento. En definitiva, la legalización de viviendas y construcciones es un paso importante para promover un desarrollo urbano ordenado, seguro y sostenible.